Comunidades afrodescendientes, indígenas y campesinas que habitan la cuenca del río Arquía en el departamento de Antioquia, se reunieron en Vegáez, corregimiento de Vigía del Fuerte, para exigir al Gobierno “que reconozca la existencia del paramilitarismo en Colombia” y apoyar la propuesta de elevar a “Acuerdo Especial” lo acordado en el proceso de paz que el Gobierno y la guerrilla de las FARC adelantan en La Habana.
Las decisiones fueron tomadas durante el foro Vegáez: El río Arquía también habla de Paz, que contó con la participación de más de cien delegados de las distintas comunidades del río Arquía que declararon apoyar “la propuesta de elevar los acuerdos de La Habana a la categoría de ‘Acuerdo Especial’ para que sean respetados sin importar el Gobierno de turno”, al tiempo que exigieron la realización de una Asamblea Nacional Constituyente como “única forma de garantizar los cambios estructurales que requiere el país”.
El foro se realizó este viernes, 10 de mayo, con el apoyo y la organización de la Fundación para una Nueva Vida (Funuvida), el Movimiento Político y Social Marcha Patriótica, la Coordinación Nacional de Organizaciones y Comunidades Afrodescendiente (Conafro), el proyecto Qantu, Plan de Apoyo Internacional para la No Repetición del Conflicto Armado en Colombia, la Federación Internacional de Prensa de los Pueblos (FIPU) y la alcaldía del municipio.
Durante el foro, la comunidad además expresó sus opiniones sobre la llegada de los excombatientes a sus territorios, oponiéndose a la propuesta de “zonas de concentración” del Gobierno y argumentando que los Territorios Especiales para la Paz (Terrepaz), presentados por la guerrilla en los diálogos de paz, “al proponer inversión social, estarían más en consonancia de nuestras necesidades”.
Sin embargo la comunidad manifestó que la construcción de territorios de paz debe ser en forma colectiva, afirmando “que este tipo de propuestas no pueden excluir a las comunidades de su discusión y decretarse desde La Habana, por ello exigimos participación en la construcción de una propuesta de Territorios de Paz”.
FIPU PRESS
A continuación la declaración íntegra de las comunidades del río Arquía:
Declaración Política comunidades del Río Arquía
Foro Vegáez: El Río Arquía también habla de Paz
Vegáez, corregimiento de Vigía del Fuerte, Antioquia
Mayo 10 de 2016
Sin justicia social no habrá paz, porque si no se logra acabar con la injusticia y brindar condiciones de vida digna para el pueblo colombiano, la guerra social que originó los alzamientos armados en el país, se mantendrá, abriendo la posibilidad que el conflicto armado reaparezca luego de firmada a paz.
A estas y otras conclusiones llegamos hoy, 10 de mayo de 2016, las comunidades negras, indígenas y campesinas del departamento de Antioquia que habitamos la cuenca del Río Arquía, reunidas en Vegáez, corregimiento del municipio de Vigía del Fuerte, durante el “Foro Vegáez: El Río Arquía también habla de Paz”, donde discutimos y analizamos el estado del actual proceso de paz que adelantan el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC-EP.
También observamos con preocupación que el Gobierno mantenga su postura de negar la existencia del paramilitarismo, el cual trata de ocultar bajo nombres como Bandas Criminales (Bacrim) y ahora llamándoles Grupos Armados Organizados (GAO), todo con el fin de tratarles como delincuencia organizada y no como el producto de una política criminal del Estado que recurre al paramilitarismo para acabar con la oposición política y quitar la tierra a las comunidades
Frente al tema, además informamos que rechazamos los bombardeos contra campamentos paramilitares que recientemente anunció el Gobierno, en tanto que ponen en riesgo a las comunidades que se encuentran secuestradas en sus territorios por grupos paramilitares. Esta decisión del Gobierno la vemos como un acto desesperado que trata de mostrar resultados que no tiene ni tendrá, porque no tiene voluntad política para acabar con estas estructuras. Por ello exigimos que, primero, reconozca la existencia del paramilitarismo en Colombia y, segundo, que ataque decididamente las formas de financiación y la política que al interior del Estado recurre a la estrategia paramilitar cada vez que la necesita.
De igual modo discutimos sobre la refrendación e implementación de los acuerdos, y aunque compartimos la propuesta de elevar los acuerdos de La Habana a la categoría de “Acuerdo Especial” para que sean respetados sin importar el Gobierno de turno, para nuestras comunidades la necesidad de realizar una nueva Asamblea Nacional Constituyente es la única forma de garantizar los cambios estructurales que requiere el país, cambios que requieren acabar con el modelo neoliberal que enriquece a unos cuantos por medio del saqueo de nuestro país, la corrupción y explotación de nuestras comunidades. Exigimos la realización de una Asamblea Nacional Constituyente.
Tampoco pasaron desapercibidas las propuestas de “Zonas de concentración”, y los “Territorios Especiales para la Paz (TERREPAZ)” que propone la guerrilla de las FARC-EP para cuando llegue el momento de la dejación de armas. Para nuestras comunidades, la propuesta del Gobierno, “Zonas de concentración”, resulta una falta de respeto para quienes hemos padecido el conflicto social y armado, puesto que es una propuesta que no plantea inversión social en nuestros territorios; y contrario a un proceso de paz, busca que la guerrilla quede prisionera como si se tratase de un proceso de rendición, algo ilógico que puede prolongar la guerra alejándonos de la paz que anhelamos.
En este sentido los TERREPAZ, al proponer inversión social, estarían más en consonancia de nuestras necesidades. Sin embargo, este tipo de propuestas no pueden excluir a las comunidades de su discusión y decretarse desde La Habana, por ello exigimos participación en la construcción de una propuesta de Territorios de Paz que incluya a las comunidades con quien convivirá la guerrilla luego del posacuerdo.
Es de anotar también que exigimos se blinde política y jurídicamente los territorios, dando autonomía a la comunidad, con acompañamiento internacional, para que no se adelanten proyectos de megaminería, u otros de economía extractiva, que saquean y destruyen la vida de las comunidades y acaban con la soberanía del país.
Por último expresamos nuestra preocupación por los operativos militares en contra de campamentos guerrilleros que adelanta el Gobierno y que ponen en riesgo el cese al fuego unilateral declarado por las FARC desde hace más de 10 meses. Hacemos un llamado a la sensatez del Gobierno para que continúe por el camino de los diálogos sin provocar situaciones de confrontación que acaben con la tranquilidad de nuestras comunidades, que hemos sido beneficiadas de la disminución de las acciones militares en nuestros territorios, y que además han evitado muertes innecesarias y la tranquilidad para miles de familias que tienen a sus hijos en la guerra.
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