Declaración FIPU
2014

Aunque la sociedad se ha configurado de tal manera para pensar en los artistas meramente como “los del entretenimiento”, negando de esta manera nuestro rol de pedagogos y transformadores sociales, nosotros reafirmamos nuevamente que somos base esencial para cambiar las estructuras económicas, políticas y sociales.


2014/ Diciembre 15/  REMAP

El 13 de diciembre se realizó la primera Constituyente Departamental de Arte y Cultura Popular por la Paz con Justicia Social en el Valle del Cauca, un acontecimiento de suma trascendencia que tuvo lugar en el municipio de Sevilla dentro del marco del IV Encuentro Cultural ‘Conciencia Urbana, Unidos por la Paz’. A la Constituyente asistieron colectivos de artistas del departamento, regionales como la RAPSO (Red de Artistas Populares del Suroccidente) y de otros de lugares del país. También asistieron campesinos y personas con distintas ocupaciones, y desde Argentina, la ‘Colectiva Deseante’llegó para aportar sus experiencias. Toda una diversidad de saberes, prácticas y el anhelos de lograr la paz con justicia social que desembocaron en el siguiente mandato:

CONSTITUYENTE DE ARTE Y CULTURA POPULAR
Sevilla, Valle  del Cauca, diciembre 13 de 2014 [Descargar]

Los y las artistas, gestoras y gestores culturales, artesanos y artesanas, y el público general del Valle del Cauca, Argentina y de algunos otros lugares de Colombia, nos hemos reunido en la CONSTITUYENTE DE ARTE Y CULTURA POPULAR el 13 de diciembre del 2014 en Sevilla, Valle del Cauca, con el propósito de promover la organización de los artistas, generar mandatos de las comunidades por la paz con justicia social, y ejercer nuestro poder popular. Para cumplir con tal fin, en un ejercicio de democracia real hemos discutido entorno al arte y la cultura popular; arte y paz con justicia social; arte y nueva institucionalidad para la paz.



Aunque la sociedad se ha configurado de tal manera para pensar en los artistas meramente como “los del entretenimiento”, negando de esta manera nuestro rol de pedagogos y transformadores sociales, nosotros reafirmamos nuevamente que somos base esencial para cambiar las estructuras económicas, políticas y sociales hacia otras que permitan el goce de la paz con justicia social. Con base en la cultura popular estamos construyendo, desde nuestras objetividades y realidad social, expresiones artísticas que permiten reconocernos como sujetos políticos y transformarnos socialmente subvirtiendo el orden inequitativo e injusto que impera en nuestra sociedad, donde se viola el derecho al territorio que tenemos todos y todas las colombianas para negar, de esta manera, nuestras culturas e imponer modelos culturales basados en el miedo e individualismo. Por lo tanto mandatamos:

- El reconocimiento del adulto mayor como patrimonio cultural intangible.

- Que el arte y la cultura son un derecho público que debe ser garantizado por el Estado.

- Que la ciudadanía tenga un verdadero acceso al arte y la cultura de forma pública y gratuita

- La formulación de las políticas públicas culturales, por la comunidad en su conjunto.

- Que las políticas públicas culturales deben tener un enfoque local, por lo tanto deben ser construidas, ejecutadas, y evaluadas por las comunidades. La institucionalidad debe brindar apoyo técnico y acompañamiento a la comunidad y ejercer control sobre el cumplimiento de la política.

- El rediseño de la institucionalidad del sector cultura, para que ésta sea democrática dándole funciones ejecutoras a los consejos culturales y que a su vez sean democráticos y participativos.

- Igualdad en los recursos que manejan las administraciones locales y nacionales donde se debe tener en cuenta a los artistas y las artistas que trabajen por el bien de la comunidad.

- Que se garantice la libertad de expresión y opinión del pueblo y de las expresiones artísticas, descriminalizando las expresiones que denuncian las realidades sociales.

- Que a los artistas no se nos incluya en las lógicas de las industrias culturales. Que se garantice  el respeto a la creación artística, a la libertad del pensamiento y de la oposición política y social.

- Que seamos reconocidos como trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura, y que tengamos los mismos beneficios en seguridad social y demás que debe tener todo trabajador.

- Que una parte del presupuesto general de la nación empleado para la guerra, sea ejecutado en la creación y sostenimiento de escuelas culturales e instituciones de arte, de carácter público.

- Que los artistas tengan acceso gratuito e integral a formación acompañamiento y asesoría técnica.

- Que se definan unos presupuestos para los artistas, y métodos de distribución para que no se tenga que competir por ellos. Proponemos que se destine de manera equitativa  a las organizaciones que estén haciendo trabajo cultural.

- Que en la ley general de cultura se revise la división del presupuesto de la estampilla pro-cultura.

- Que en la estampilla pro-cultura haya un recurso no solo para pensión, sino también para seguridad social integral con un régimen especial.

- Implementar desde los colegios la enseñanza artística y cultural de manera integral con rubros específicos como muestra real de la importancia del arte y la cultura en el sistema educativo.

- La construcción de un modelo de educación libertaria, que permita caminar hacia una transformación social, un modelo que dé prioridad al ser humano, por encima del interés lucrativo. Que no nos eduquen para competir sino para crear, pensar, construir y sentir…

- Que los cargos administrativos culturales públicos sean ejercidos por artistas o gestores culturales, no por personas ajenas que desconocen las realidades artísticas y culturales y no tienen la sensibilidad que se requiere para el sector.

- Que los diálogos en torno a la paz que se desarrollan en La Habana entre el Gobierno y las FARC-EP, y en otros que llegasen a implementarse,  se profundice la discusión y se abra el debate con los artistas sobre la necesidad de desarrollar la política de cultura popular para la paz que requiere el país.

- Que los artistas empíricos sean reconocidos por su trayectoria y su profesionalismo, como profesionales del arte y la cultura, y como pedagogos sociales.

- Que los artistas puedan participar de las la convocatoria de docentes, basado en su trayectoria artística y su capacidad pedagógica, y llegado el caso que se requiera, se les brinde la capacitación necesaria para ejercer este tipo de labores.            

- El reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, y la protección y conservación de las lenguas, saberes y tradiciones territoriales.

- Que se reconozca explícitamente la cultura campesina y su derecho a la tierra, propiciando una legislación que proteja su permanencia en el territorio para preservación de estas comunidades y su patrimonio cultural.

- Que las partes que están negociando en La Habana, Cuba, FARC-EP y Gobierno Nacional, no se levanten de la mesa hasta que culmine con éxito la negociación y se tenga un acuerdo de paz

- EL CESE BILATERAL AL FUEGO por las partes negociantes. La paz debe negociarse sin hostilidades que pongan en peligro el buen desarrollo de los diálogos y eviten el derramamiento de sangre mientras construimos la paz con justicia social que anhelamos los artistas y el resto del pueblo colombiano.

Sevilla, Valle del Cauca, 13 de diciembre de 2014
Constituyente Arte y Cultura Popular

Varios factores podríamos atribuir al no reconocimiento de la cultura campesina. Sin embargo uno de suma importancia sobresale: la prolongación del conflicto colombiano, el cual está ligado a la no participación de varios de los grupos insurgentes, como las FARC y el ELN, en las discusiones que dieron vida a la Constituyente de 1991.
2014/ Abril 4/ REMAP/ Por: Alexander Escobar/

La vida campesina está ligada a la lucha por la tierra y preservación de su cultura. Diversos procesos campesinos son testimonio vivo de cómo cultura y territorio son inseparables para la permanencia de una comunidad. Esta relación ineludible establece la tierra –el derecho a su tenencia– como condición que funda el territorio para la preservación de la vida y cultura de las comunidades campesinas.

Bogotá, abril 9 de 2013. Más de un millón de personas marcharon
por la Paz con Justicia Social. Foto: Marcha Patriótica Valle
 
Sin embargo, esta relación vital que se muestra inseparable para la vida del campesinado, para la Constitución Política de 1991 no tuvo ninguna relevancia, y posteriormente tampoco tuvo desarrollo en la Ley General de Cultura de 1997. Los resultados fueron dejar a Colombia con una Política Cultural que principalmente centró su atención en la formulación de programas para la protección de los derechos y preservación de la cultura de los grupos étnicos, mientras las comunidades campesinas eran borradas de la dimensión cultural.

El reconocimiento a la cultura de las comunidades indígenas y afrodescendientes es un hecho en la legislación del país. Este hecho que pareciera estar fundado solo en términos de protección a las tradiciones, saberes y memoria de estas comunidades, tiene un trasfondo de mayor alcance. Porque reconocer la cultura es reconocer que estas comunidades requieren de la protección de un territorio, y por tanto, es reconocer su derecho a la tierra estableciendo una legislación especial para que ello se cumpla.

De este reconocimiento no gozan las comunidades campesinas. La Constitución Política y la Ley General de Cultura no establecieron la cultura campesina como una prioridad para su protección. Y el efecto fue devastador, en tanto que omitir la cultura es omitir el territorio, y en últimas, es negar el derecho a la tierra del campesinado.

La Cultura como parte del conflicto

Varios factores podríamos atribuir al no reconocimiento de la cultura campesina. Sin embargo uno de suma importancia sobresale: la prolongación del conflicto colombiano, el cual está ligado a la no participación de varios de los grupos insurgentes, como las FARC y el ELN, en las discusiones que dieron vida a la Constituyente de 1991.

Desde finales de los ochenta y hasta principios de la década de los noventa, los grupos guerrilleros más representativos del país estuvieron reunidos en lo que denominaron la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB). Como Coordinadora llegaron a actuar en un frente unido en las negociaciones de paz con el Gobierno colombiano, y de igual manera discutieron su posible participación en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991.Sin embargo, como Coordinadora, su participación jamás llegó a materializarse. Algunas de las razones se resumen en lo siguiente: un mes antes de la elección de los constituyentes, representantes del Gobierno de César Gaviria arribaron al campamento del máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez, para conversar sobre los cupos que serían asignados a la Coordinadora. El ofrecimiento del Gobierno fue de cinco cupos, lo cual se alejaba de los 20 que solicitaba la CGSB.

Esa tarde el Gobierno no cedió ni permitió que se discutiera el tema con los demás grupos insurgentes de la Coordinadora. Buscando una salida, Marulanda propuso a la delegación pasar la noche en el campamento y encontrar una solución al día siguiente. Pero el ofrecimiento fue rechazado argumentando razones de tiempo. Ante la negativa –según cuenta Pablo Catatumbo a Alfredo Molano– Marulanda respondió: “si no tienen una noche para conversar, ¿qué tiempo le van a dedicar a la paz?”. Y esa misma tarde el helicóptero partió sin una respuesta. Un mes después, en momentos que los constituyentes eran elegidos en todo el país, los campamentos de río Duda de las FARC fueron bombardeados[1].

En la constituyente solo participaría, ya desmovilizado, el movimiento guerrillero del M-19, luego de ser elegido formalmente. También participarían con voz pero sin voto dos representantes del EPL, uno del Partido Revolucionario de los Trabajadores y otro por el Movimiento Armado Manuel Quintín Lame.

 Aida Avella habla sobre su expreciencia Constituyente

Entender la prolongación del conflicto social y armado en relación a la no participación en la Asamblea Nacional Constituyente, es de vital importancia para comprender por qué la cultura campesina no goza de un reconocimiento efectivo dentro de la legislación colombiana. Porque los inicios del alzamiento armado en el país en gran medida están relacionados con los problemas del campo colombiano. Grupos como las FARC y el ELN deben sus raíces a la iniquidad y violencia sufrida por los campesinos a manos del Estado. Esto nos permite establecer algunas diferencias con el M-19 cuyo nacimiento, a pesar de estar ligado a la injusticia del país, tuvo raíces fundamentalmente urbanas, motivadas por la ausencia de garantías para la participación política. Estas distinciones entre grupos insurgentes son claves para entender la falta de una mirada más profunda sobre el campo colombiano en los debates de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, en tanto que los grupos guerrilleros ligados históricamente al campo y sus problemáticas no tuvieron participación alguna en un proceso constitucional que pudo servir para la construcción de la Paz con Justicia Social, y no solo para la desmovilización de algunos grupos insurgentes como el M-19.

Los efectos de ese vacío de representatividad son más que palpables: si la cultura del campesinado no se reconoce de igual forma que se reconoce para las comunidades indígenas y afrodescendientes, se debe a que la Constitución del 91 no planteó, más allá de la formalidad, problemas fundamentales ligados al campo que dieron origen al conflicto colombiano. Y lo más lamentable, el no hacerlo conllevó a la prolongación de la guerra por varias décadas, las cuales son reflejo de nuestro presente.

Una Constituyente que cure el pasado

La Paz en Colombia es más que una foto publicada para elevar el rating de los diarios nacionales y mejorar la imagen del Gobierno colombiano. Apoyar los diálogos entre el Gobierno y las FARC para la construcción de la Paz con Justicia Social es tarea de todos los sectores de la sociedad que deben continuar exigiendo participación directa en la mesa de diálogo que tiene lugar en La Habana. Los diálogos de paz necesitan constituirse en un espacio que involucre al pueblo para que éste mandate el fin de la guerra. Porque el derramamiento de sangre debe sustituirse por la sensatez que tendrá que derrotar al odio, el engaño y la injusticia.

Calles y auditorios reclaman hoy por la realización de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, una exigencia que el Gobierno se niega a convenir en la mesa de diálogo instalada con las FARC. Pero aunque el Gobierno se empecine en dar continuidad al pasado para prolongar la guerra, amplios sectores de la sociedad realizan y preparan constituyentes locales, departamentales y regionales con temáticas diversas de donde surgen mandatos populares para la construcción de un nuevo país.

Será el pueblo quien mandate esa nueva Colombia que deberá estar reflejada en una Asamblea Nacional Constituyente que, en modo muy distinto a la del 91, tendrá la tarea de acoger a todos los grupos insurgentes y sectores de la sociedad para poner fin a la guerra a través del logro de la Paz con Justicia Social.

Ver también: Una Política Cultural para el campesinado


[1] Ver la Segunda conversación de Alfredo Molano con la Delegación de Paz de las FARC, publicada por El Espectador el 18 de mayo de 2013. Disponible en: http://www.elespectador.com/noticias/paz/articulo-422756-uribe-nos-despejo-el-valle

MKRdezign

Formulario de contacto

Nombre

Correo electrónico *

Mensaje *

Con tecnología de Blogger.
Javascript Disable Please Enable Javascript To See All Widget